-Critican la nueva fiscalidad introducida a las ‘socimi’
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Diferentes representantes del sector inmobiliario reclamaron al nuevo Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones generales del 23 de julio que aseguren la seguridad «jurídica» y «fiscal» al sector y apliquen «cirugía» a la Ley de Vivienda que entró en vigor en el mes de mayo para revertir algunas de sus medidas.
Así se expresaron el presidente de Grupo Lar, Miguel Pereda; el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente; el consejero delegado de Aliseda y Anticipa, Eduard Mendiluce; el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, y la directora general de Klépierre Iberia, Laetitia Ferracci, en la III Gran Jornada Inmobiliaria organizada por el diario ‘El Economista’.
Mendiluce subrayó que la norma no genera «demasiada certidumbre, sino al revés», ya que el control de rentas que prevé la ley parece que sólo se va a aplicar en Cataluña y no queda claro si, por ejemplo, se podrá aplicar en la ciudad de Barcelona al completo o sólo algunos de sus distritos. Además, destacó la poca claridad de los índices y del procedimiento.
El control de rentas, según el consejero delegado de Aliseda, es «antiprogresista» porque los alquileres por debajo del índice se van a subir y los que estén por encima «van a salir del mercado», por lo que se va a reducir la oferta. «Es justo al revés de lo que debería ser el efecto del control de rentas», dijo, añadiendo que «si no hay reglas claras, esto no tiene ningún sentido».
Asimismo, pidió una reforma en el Código Penal porque regiones como Cataluña «fomentan e incentivan la ocupación ilegal a través de alquileres de 100 euros mensuales durante 14 años». Para Mendiluce, es una situación «intolerable» que debe ser revertida con una legislación que permita acabar con la ocupación ilegal en 48 horas «como se está haciendo en todos los países avanzados de Europa». También reclamó una mayor inversión pública en vivienda.
Por su parte, Pereda (Grupo Lar) criticó el ajuste a la fiscalidad que se realizó a las ‘socimis’ cuando se introdujo un gravamen al 15% de los beneficios no distribuidos a finales de 2021 porque ha tenido «muy poco efecto recaudatorio» y ha «desalineado» a España con el resto de países.
«El capital nos compara e introduce una incertidumbre enorme sobre si ahora que somos distintos al resto de países va a haber más cambios», dijo el presidente de Lar, que subrayó que el cambio ha afectado a la cotización de las compañías y ha «retraído» la inversión. Pereda pidió que volver a un marco de seguridad jurídica para que los grandes operadores puedan «confiar» en el marco establecido «para mucho tiempo» sin cambios «a corto plazo».
Por otro lado, Ismael Clemente (Merlin) pidió fomentar el ahorro privado, que ha sido tratado «a palos» en los últimos años y al que se la ha dado «el golpe de gracia» con la eliminación de las deducciones de los planes individuales en el IRPF. También reivindicó una «primacía» de la economía en las decisiones sociales y políticas, ya que anteponer cuestiones «populistas o de interés a corto plazo» y que en un país se establezcan diferentes políticas en función del color del Gobierno no contribuye a atraer la inversión.
El consejero delegado de la ‘socimi’ puso como ejemplo Portugal como un país sobre el que el mercado «interpreta hacia dónde quiere ir» y «se intenta anticipar», mientras que España el mercado «no interpreta a dónde se quiere ir, no puede anticiparse y lo que hace es esperar a el país acierte o se estrelle», pero se queda «indeciso y sin tomar la decisión de invertir».
SUELO
Preguntados por la importancia del comportamiento del suelo, Mendiluce reivindicó que existe una «escasez brutal» y criticó que se necesiten entre cinco y siete años para «producir suelo finalista». El consejero delegado de Aliseda agradeció el «período de estabilidad» que se abre tras las elecciones autonómicas y locales para trabajar con las administraciones y reclamó incorporar elementos del urbanismo anglosajón como sustituir los permisos por declaraciones responsables.
Sobre esta cuestión, Clemente indicó que en el sector terciario la falta de suelo es «menos acuciante» que, con la vivienda, y, pese a ello, reclamó introducir el silencio positivo, establecer un número de rondas para reclamar información a la administración pública y unificar la normativa autonómica. «Tenemos un problema de unidad de mercado», dijo.
Desde Lar y Colonial, también reivindicaron una mayor «flexibilidad normativa» que, junto a la seguridad jurídica, es lo «mejor» que puede tener el inmobiliario y «cualquier sector» de la economía.
FUTURO DEL SECTOR
Preguntados por la previsión de inversión en el sector inmobiliario, Pere Viñolas (Colonial) indicó que, dado que el capital proviene del mercado anglosajón, mientras haya riesgo de recesión en estos países, no habrá muchos avances. Así, afirmó que tiene «esperanza» en una recuperación en el segundo semestre de 2024. Por su parte, Pereda señaló que este año se comenzarán a observar «operaciones pequeñas de inversión» en sectores que sean «muy especializados o oportunistas».
Sobre el futuro de activos como las oficinas, Clemente señaló que, en el segundo caso, se están viendo marcados por su situación en la costa oeste de Estados Unidos y Nueva York, donde ha avanzado con fuerza el teletrabajo. En este sentido, indicó que, pese a que esta situación es difícil de trasladar a Europa, los fondos de origen estadounidense están dificultando la inversión en oficinas.
En cuanto a los centros comerciales, dijo que están teniendo un rendimiento «brillante» después de superar las dificultades de la pandemia y las previsiones de algunos actores que desaparecerían ante el auge del comercio online.
