– JJpD y la Unión Progresista de Fiscales no decidirán si se suman hasta la reunión con Hacienda del próximo 3 de mayo
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo.
Por el momento, suscriben la convocatoria la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un comunicado conjunto.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria y aunque aseguran compartir el diagnóstico de la situación y el grueso de las reivindicaciones han decidido esperar al resultado de la reunión con el Ministerio de Hacienda que está prevista para el día 3 de mayo.
Jueces y fiscales aseguran en su comunicado que la dotación económica para la Administración de Justicia es insuficiente y ponen el acento en la carga de trabajo de los tribunales y del ministerio público que afecta incluso a la «salud» de los integrantes de las dos carreras.
Denuncian que la administración de Justicia es «la Cenicienta» de la Administración y que funciona por el esfuerzo y la dedicación de los profesionales, que arrastran una sobrecarga de trabajo crónica.
El comunicado explica que las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los pasados 31 de marzo y 4 de abril fueron «decepcionantes» porque no se alcanzó ningún acuerdo saldo el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo. Los convocantes temen que la convocatoria del 3 de mayo sea una maniobra dilatoria y manifiestan su desconfianza en el Gobierno por el «persistente abandono de la Administración de Justicia».
Añaden, que tiene voluntad de alcanzar acuerdos desde la «buena fe», pero advierten que no permitirán «que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas».
