Inclusión tramita en el último año casi 17.000 expedientes de jóvenes tutelados y extutelados que facilitan su inserción

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha tramitado, a fecha 6 de noviembre, un total de 16.716 expedientes de menores no acompañados y jóvenes extutelados con el fin de favorecer su inclusión desde la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que llevó a cabo en octubre de 2021 y que entró en vigor en noviembre del mismo año, cuando la estimación original era llegar a unos 15.000.

Así lo anunció este miércoles el departamento de José Luis Escrivá en un comunicado en el que recordó que la reforma se marcaba como objetivo reducir la vulnerabilidad administrativa y socio-laboral de este colectivo, facilitando que los menores extranjeros no acompañados lleguen documentados a la mayoría de edad y permitiendo que puedan acceder al mercado laboral a partir de los 16 años, además de evitar que pasen «casi automáticamente» a una situación de irregularidad administrativa sobrevenida al cumplir 18.

En paralelo, explicó que la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Subdirección General de Análisis Migratorio, ha realizado un análisis «pormenorizado» de los datos hasta el 30 de junio de 2022 que revela un «mapa documental» de los menores tutelados en edad de trabajar según el cual el 80% de ellos (1.794 personas) disponen de documentación de residencia, que incorpora «explícitamente» su autorización para trabajar, y solo 344 (15%) mantienen aún la autorización de residencia no lucrativa.

Tras subrayar que, desde la entrada en vigor de la reforma, estos jóvenes pueden trabajar aunque sigan con la autorización no lucrativa, el ministerio señaló que, «progresivamente», esta documentación se irá sustituyendo por las nuevas tarjetas, que, a su entender, «facilitan la búsqueda y obtención de un empleo».

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Además, según Inclusión, los datos «constatan» que la reforma «dota de mayor estabilidad y seguridad jurídica a todo el proceso», dado que las autorizaciones iniciales en este grupo de edad (16 y 17 años) han pasado del 49% al 60%, pero ahora, además de autorizar a trabajar por defecto, tienen una vigencia de dos años.

En cuanto a la situación laboral de los menores y jóvenes extutelados, las cifras de empleados en alta laboral en el sistema de la Seguridad Social se han multiplicado por tres en los primeros meses de vigencia de la reforma. Así, a 30 de junio de 2021 figuraban 2.217 personas del colectivo en estudio con al menos un día de alta laboral en Seguridad Social en dicho mes, y un año más tarde la cifra alcanzaba los 6.206, pasando el porcentaje de empleados en dicho periodo del 28% al 51%.

Se trata, según el gabinete de Escrivá, de un «incremento especialmente destacable», teniendo en cuenta que el tamaño del colectivo base también creció en este periodo al pasar de 8.023 a 12.083 personas debido a la documentación y reconocimiento explícito del derecho a trabajar de menores y jóvenes que ya residían en España.