244 millones de personas necesitadas y solo la mitad de los fondos

El año 2020 registró un aumento importante de las personas necesitadas de ayuda humanitaria de emergencia (hasta casi los 244 millones) y un estancamiento de la financiación fruto de la pandemia de Covid-19, que provocaron que solo la mitad de las demandas económicas para asegurar su atención fuesen satisfechas.

Así lo pone de manifiesto el informe publicado este jueves bajo el título ‘La acción humanitaria en 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias’, elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (iecah).

Según sus resultados, la cifra de personas en situación de emergencia en 2020 a causa de desastres, conflictos o violencia ascendió a 243,8 millones, 19 millones más que en 2019. Sin embargo, la ayuda humanitaria Internacional se estancó en el entorno de los 30.900 millones de dólares, cantidad muy similar a la de 2019.

Como consecuencia, 2020 presentó una “diferencia récord” entre las solicitudes de fondos y la financiación disponible para atender las necesidades humanitarias de una larga lista de países en crisis. Ese año los llamamientos de ayuda humanitaria de emergencia por parte de Naciones Unidas alcanzaron su máximo histórico (55), un 27% más que en 2019.

Del total de fondos requeridos por la ONU, solo llegó a financiarse un 52%. “Hasta la fecha”, según MSF, “nunca se había registrado una diferencia semejante entre solicitudes de fondos y desembolsos”, y advirtió de que, en los llamamientos exclusivamente relacionados con la respuesta a la Covid-19, el porcentaje de financiación resultó aún menor, con solo un 40% de los fondos asegurados.

MÁS DEMANDAS DE AYUDA

El trabajo agrega que a finales de 2020 se contabilizaron 82,4 millones de personas refugiadas y desplazadas a nivel mundial, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Mientras tanto, la Covid-19 obligó a redirigir muchos de los recursos ya existentes para hacer frente a la pandemia, subraya el informe.

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Destaca que la lista de países identificados por la ONU como necesitados de ayuda de primera necesidad pasó de 65 a 75, señal de que “la pandemia ha puesto en jaque las débiles estructuras de protección social en todo el mundo”. Más de la mitad de estas personas vive en tan solo nueve Estados.

Encabezan el ranking Yemen, donde el 81% de la población requiere ayuda humanitaria; Eritrea (73%), Siria (67%) y Sudán del Sur (64%). República Democrática del Congo (RDC) y Afganistán han experimentado una subida considerable de población en riesgo, con 7,5 y 2,7 millones más, respectivamente, que el año anterior.

DESIGUALDADES EN SALUD

Según MSF, la Covid-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los países de ingresos altos y el resto del mundo en el acceso a vacunas, diagnósticos, tratamientos, respiradores y otros suministros médicos, y señaló como la vacunación representa el campo donde mejor se aprecia el fracaso en el sistema internacional para abordar la pandemia.

De hecho, “la velocidad y la escala a la que se lleva a cabo la vacunación en los países de ingresos bajos y medios es del todo insuficiente”, afirmó. En su opinión, resulta “inconcebible” que algunos países estén implementando terceras dosis de refuerzo cuando, en otros, el personal sanitario de primera línea o los grupos más vulnerables están sin vacunar”.

MSF reclamó solucionar “el defecto fundamental y sistémico de dejar que los sectores privados y las fuerzas del mercado determinen el acceso a la atención sanitaria”, para lo que defendió “un nuevo mecanismo que devuelva las responsabilidades a los gobiernos, a fin de garantizar que la tecnología médica vital sea accesible en todo el mundo”. “Es necesario un mecanismo coordinado de respuesta a las emergencias sanitarias globales que evite que algunos países acaparen los limitados recursos mundiales”.

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Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de MSF, instó a los países a “poner condiciones a la financiación pública y a la concesión de licencias no exclusivas; promover la transferencia de tecnología para garantizar un verdadero reparto de los frutos de la innovación médica, y hacer público todos los contratos con transparencia en torno a los costes y los precios”.

LA AYUDA ESPAÑOLA

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española durante el año 2020 se situó en los 2.603 millones de euros, lo que supone un imperceptible aumento del 07% respecto al año anterior.

El peso de la AOD respecto de la Renta Nacional Bruta fue no obstante del 0,23%, “muy por debajo” de lo necesario para alcanzar el compromiso de la coalición de gobierno del 0,5% para el año 2023, apuntó MSF.

En cambio, la acción humanitaria española –partida incluida dentro de la AOD– experimentó en 2020 un incremento del 55%, hasta alcanzar los 96 millones de euros. Como la AOD se mantuvo prácticamente estancada, el peso de la ayuda humanitaria se incrementó hasta suponer el 3,69% dentro de esta. A pesar de ello, el porcentaje está aún muy lejos del compromiso de la Cooperación Española de destinar 10 de cada 100 euros de la AOD a ayuda humanitaria, indica el informe.

En la distribución por áreas geográficas, destacan América del Sur, principal destino, que recibió el 19%; Oriente Medio (18%), y África Subsahariana (12%).

Para Francisco Rey, codirector del Iecah, “la reforma del conjunto de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria en España no ha avanzado”. “En estos dos años, el proceso se está viendo ralentizado por los efectos de la pandemia, los cambios en los responsables, la falta de continuidad y de claridad por parte de la Administración pública y los partidos políticos sobre el alcance y las prioridades de esta reforma”, lamentó.

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CONTRA LAS POLÍTICAS ANTITERRORISTAS

Por último, el informe denuncia cómo la proliferación de medidas legales antiterroristas dificulta la labor humanitaria, llegando en algunas ocasiones a la criminalización de la ayuda y a graves violaciones del derecho internacional humanitario. “El antiterrorismo nos retrotrae a épocas anteriores al humanitarismo, porque despoja de derechos de protección y asistencia a quienes no tienen que ver con las hostilidades”, indicó MSF.

Señaló que “las medidas antiterroristas se han sumado a las preocupaciones tradicionales relacionadas con operar en zonas de conflicto armado, donde las partes beligerantes ejercen violencia contra las poblaciones y el personal humanitario”. Además, prosiguió, los contextos marcados tanto por la guerra como por el terrorismo y el antiterrorismo suelen coincidir con lugares en los que las necesidades son extremas y la respuesta humanitaria paupérrima.

Según MSF, “vivir en una zona de crisis supone hoy quedar atrapado en una espiral de pobreza, conflicto, inseguridad alimentaria y peligro de contagio de Covid-19”. “Las crisis actuales no se corresponden con una lógica exclusivamente de emergencia, y sí con un estado permanente de desprotección e inestabilidad”, concluyó.

(SERVIMEDIA)