MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aplazado hasta el lunes a las 10.30 de la mañana tiene sobre la mesa una difícil papeleta: Decidir primero sobre la recusación de dos de sus miembros con el mandato caducado y solicitada por Unidas Podemos, o sobre la paralización que pide el PP de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambia las reglas de elección de los nuevos miembros del tribunal de garantías.
La reunión se celebrará con el texto legal ya aprobado por el Congreso de los Diputados y a tres días de que se vote en el Senado y sea definitivamente aprobada por la mayoría que apoya al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Pese a ello, si se aceptaran las medidas cautelarísimas propuestas por el PP, aún se podría paralizar la tramitación de la reforma.
Las espadas están en alto en el TC. La fractura entre los sectores conservador y progresista es palmaria. En este momento el Pleno del Constitucional está formado por 11 miembros, tras la renuncia de uno de sus magistrados por motivos personales. Seis de ellos son conservadores y los otros cinco, progresistas.
El pleno del pasado jueves estuvo precedido por una reunión de los magistrados conservadores en el despacho del propio presidente del TC, Pedro González-Trevijano, en la que acordaron apoyar la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, nombrado a propuesta del PP y con vinculaciones con la Fundación FAES del expresidente del Gobierno, José María Aznar, que era favorable a la suspensión.
Mientras tanto, los progresistas concertaban también su actuación y pedían tiempo para analizar los recursos contra el amparo del PP remitidos al Constitucional por el PSOE, Unidas Podemos y Vox. El grupo llegó a amenazar con no acudir al Pleno por no haber tenido tiempo para analizar la documentación, lo que habría impedido su constitución que necesita un ‘quorum’ de ocho miembros. Finalmente, el cónclave se tuvo que aplazar hasta el lunes.
La reforma incide directamente sobre las reglas que rigen la designación de los candidatos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al TC. En paralelo, el grupo conservador del Consejo ha forzado la celebración de un Pleno urgente el próximo martes en el que ha propuesto los nombres de dos candidatos, César Tolosa (conservador) y Pablo Lucas (progresista), que deberían ser designados con arreglo a la norma actual, que requiere tres quintos de los 18 vocales del CGPJ.
El objetivo de los conservadores es dejar fuera de los nombramientos al candidato presentado por los progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, al que consideran cercano al Gobierno.
Así las cosas, la propuesta que se debatirá en el Pleno del CGPJ requiere el apoyo de 11 vocales. El grupo conservador dice contar con una decena de votos y está trabajando para intentar atraerse el apoyo de alguno de los progresistas.
Las opiniones en el Constitucional están también divididas en cuanto a la adopción de cautelares el lunes. Una parte no ve obstáculo para dictar la suspensión, mientras que otros consideran que las cautelarísimas ya no tendrían sentido una vez celebrada la votación en el Congreso.
DECISIÓN
El Pleno del lunes en el TC tendrá que decidir si valora primero la recusación presentada por Unidas Podemos contra el presidente del Tribunal de Garantías y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores. El escrito esgrime que deben ser apartados porque ambos tienen un «interés directo o indirecto» en la causa, pues su mandato en el Constitucional llegaría a su fin de manera inmediata si prospera la reforma del Gobierno sobre la que ellos decidirían.
Los dos fueron nombrados por el Gobierno del PP en la etapa de Mariano Rajoy y serán sustituidos por Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos magistrados designados por el actual Gobierno. Los conservadores sostienen que no puede haber recusación en una causa que no está formalmente abierta, puesto que aún no se ha debatido su admisión a trámite, y por ese mismo motivo Unidas Podemos no está personado, lo que le facultaría para presentar recusaciones.
Por otra parte, el recurso de amparo del PP sobre el que también podría decidir primero el TC se refiere a las enmiendas 61 y 62 del PSOE y Unidas Podemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica las reglas de nombramientos de magistrados por el CGPJ.
Una enmienda suprime la mayoría reforzada de tres quintos para la elección de los magistrados al TC que corresponde elegir al Consejo y la rebaja a la obtención de mayoría simple.
La otra enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar la competencia de este órgano para verificar la idoneidad de los nuevos nombramientos de los magistrados, evitando así que un Constitucional con mandato caducado y con mayoría conservadora pudiera bloquear la entrada de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Además, permite que el Gobierno pueda renovar a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que el CGPJ renueve los suyos.
