MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Durante 2021 se requisaron en España un total de 1.642.515 productos falsificados, que incluyen desde ropa a bebidas y que habrían alcanzado en el mercado un valor superior a 49 millones de euros.
Según informó el Ministerio del Interior este miércoles, también se llevaron a cabo 1.021 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 979 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
Así se refleja en el ‘Balance anual de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones’ publicado este miércoles por el Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, que recoge operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y Policías locales.
El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos corresponde al sector textil (15,8 %). Le siguen, por volumen, marroquinería y complementos (11,9 %), calzado (5,4 %) y bebidas y comestibles (4,8 %).
AFECTA AL EMPLEO
En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (53,4 %), seguido de establecimientos comerciales (11,1 %) y recintos aduaneros, puertos y aeropuertos (2,1 %). Madrid, Castilla y León, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas
La publicación del balance coincide con el Día Mundial contra las Falsificaciones, que se celebra en junio. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha destacado la importancia de conocer estos datos para ayudar a la sensibilización del consumidor español sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados.
«Las infracciones de los derechos de propiedad industrial contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo directos, al repercutir en el descenso de ventas, y produce efectos no deseados en la seguridad y la salud de los consumidores, puesto que los productos falsificados se producen sin los controles e inspecciones oportunas que garanticen su comercialización y uso posterior», ha señalado José Antonio Gil, director de la OEPM.
