MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó viernes que el Instituto para la Transición Justa asuma las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, ya que recordó que es un grupo vulnerable que constituye el 9,5% de la población española y que experimenta dificultades específicas en los ámbitos de inclusión social y laboral.
Así lo hace constar en un documento de comentarios y al Instituto de Transición Justa de España 2021-2027 tras la sesión virtual de trabajo del 8 de noviembre pasado. Este programa tiene como objetivo maximizar los beneficios en la actividad y el empleo y minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización de la economía. En definitiva, se trata de establecer mecanismos para avanzar hacia la neutralidad climática sin dejar a nadie atrás.
En este sentido, la Transición Justa recoge la perspectiva de la discapacidad, considerando como colectivo especialmente vulnerable a las personas con discapacidad, y previendo distintas líneas de acción para prestar especial atención a las necesidades del colectivo en el camino que marca la transición ecológica.
Por ese motivo, el movimiento Cermi establece como primera consideración «la necesidad de hacer valer y garantizar la efectividad de las distintas líneas y acciones previstas para evitar que las personas con discapacidad queden al margen de las nuevas oportunidades que, en el contexto de esta transformación, así como evitar que experimenten nuevas dificultades y barreras, en especial en términos de inclusión laboral».
Otra consideración «clave» que se refleja en este documento de aportaciones es la de «asegurar que el sector de la discapacidad organizada participe activamente en el despliegue y seguimiento de los distintos procesos vinculados a la Transición Justa en España».
Para finalizar, el documento subraya los temas centrales que, desde la perspectiva de la inclusión de las personas con discapacidad, deben considerarse para garantizar la Transición Justa. El primero de ellos se centra en los empleos verdes y capacitación y advierte de la necesidad de desarrollar medidas especiales para mantener el empleo de las personas con discapacidad y promover su inclusión laboral. En este punto, destaca también la efectividad de las bonificaciones para el impulso del empleo de este grupo de población.
Además, también se ha puesto el foco en el papel de la economía social, en la discapacidad y el género, y en la importancia de garantizar criterios de inclusión social, en particular en lo que respecta a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad.
Por último, y para evitar que la transición a una economía baja en carbono conlleve un incremento de las desigualdades sociales, se pone el foco en los consumidores vulnerables.
En este punto, se señala la necesidad de «diseñar medidas que presten especial atención a los consumidores/as vulnerables, siendo las personas con discapacidad un colectivo especialmente afectado por la exclusión y la pobreza».
