MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El bono social eléctrico llegó en 2021 a 1.218.120 beneficiarios, lo que supone un 0,16% menos en comparación con los 1.220.172 beneficiarios registrados en 2020.
Así se refleja en los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del senador Miguel Ángel Heredia, del PSOE, sobre cuántos consumidores perciben el bono social.
De esta forma, el número de beneficiarios de esta ayuda destinada a facilitar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad al consumo eléctrico se mantuvo en un nivel estable en comparación a 2020, aunque el dato supone la segunda reducción consecutiva, tras los 1.303.530 beneficiarios de 2019. En 2018 el número de beneficiarios fue de 1.077.593.
Según el desglose provincial detallados en los datos, la Comunidad de Madrid fue la región con mayor número de beneficiarios del bono eléctrico, con 136.305 personas, seguida por la Comunidad Valenciana (87.819 beneficiarios), Barcelona (77.067), Alicante (67.698), Sevilla (56.273), Murcia (53.640) y Badajoz (40.295).
A principios de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la prórroga del bono social eléctrico hasta el 30 de junio, con sus descuentos del 60% para los colectivos vulnerables y el 70% para los vulnerables severos, junto a otras medidas fiscales con el objetivo de abaratar la factura de la luz y amortiguar el encarecimiento de la energía causado por la guerra de Ucrania.
El bono social es una prestación destinada a proteger a los consumidores vulnerables, consistente en aplicar un descuento en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.
El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo (TS) declaró que el mecanismo de financiación del bono social establecido por decreto-ley en 2016 es contrario al derecho de la Unión Europea por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras. La decisión del Supremo anuló el mecanismo de financiación destinado a cubrir el coste de ese descuento, sin que ello afecte a la continuidad de su aplicación.
En otros países de la Unión Europea prevén que ese coste se financie con cargo a sus presupuestos generales, pero España optó desde un principio por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.
En cualquier caso, el Gobierno confirmó que la sentencia del Supremo no afecta a la percepción del bono ni a su cuantía, de modo que los consumidores vulnerables con derecho a recibirlo ahora seguirán haciéndolo con total normalidad.
