-Además, reclama que se garantice «de forma efectiva» la participación social en el debate europeo sobre el Reglamento de IA
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU pidió este viernes al Gobierno «mayor protección» de los consumidores en la regulación europea sobre inteligencia artificial y que se garantice «de forma efectiva» la participación de la sociedad civil en el debate europeo sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA).
Así lo demandó en el transcurso de un debate sobre la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial en el que, junto a Lafede.cat y Éticas, organizaciones que forman parte de la alianza IA Ciudadana, además de autoridades públicas y políticas, se recogieron las «demandas y cambios necesarios» que, a su juicio, debe incluir la nueva legislación europea para «proteger adecuadamente a las personas frente a los riesgos de la inteligencia artificial», según precisó en un comunicado.
En el debate, organizado por CECU y moderado por la coordinadora de Maldita Tecnología de Fundación Maldita.es, Patricia Ruiz, las organizaciones civiles participantes advirtieron de que dicha normativa necesita «mejoras significativas en ciertas áreas», como la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad de los datos y la protección de valores democráticos de un Estado de derecho.
Tras subrayar que la propuesta legislativa de la Comisión Europea se presentó hace dos años, el 21 de abril de 2021, y busca «generar mayor confianza en el uso de la inteligencia artificial», CECU advirtió de que, sin embargo, «carece de importantes garantías para proteger a las personas».
En este contexto, la experta en derechos digitales de la federación, Anabel Arias, explicó que existen «ciertas prácticas que no pueden ser admitidas en la sociedad, en tanto vulneran los valores democráticos y derechos fundamentales». «Por lo tanto, deberían encontrarse expresamente prohibidas dentro de la Unión Europea, como son el reconocimiento de emociones o el reconocimiento facial en espacios de acceso público», sentenció.
Por su parte, la CEO de Éticas, Gemma Galdon, reivindicó mecanismos, como las auditorías algorítmicas, que «ayuden a supervisar y proteger a las personas y el medioambiente en los procesos tecnológicos, el uso de algoritmos y la inteligencia artificial», convencida de que las «consecuencias» de la «falta de control» de estas tecnologías «están teniendo un impacto enorme en la sociedad y no se puede permitir que se perpetúen».
En la misma línea, la responsable de incidencia en digitalización Lafede.cat, Judith Membrives i Llorens, denunció que, «tal y como está planteada la clasificación de riesgos, no tiene en cuenta la naturaleza de los sistemas algorítmicos». «La clasificación mezcla ámbitos de aplicación con funcionalidades de la tecnología cuando debería hacer una aproximación más holística que cruzara esos dos ejes: los ámbitos, y los derechos que pueden ser vulnerados en cada uno de ellos, y las funcionalidades», abundó.
Por otro lado, el eurodiputado Ibán García del Blanco, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, puntualizó que no se puede «rebajar el estándar de cumplimiento de derechos humanos que deben seguir los sistemas de inteligencia artificial dependiendo del tamaño de la empresa», sino que los estándares deben cumplirse por parte de pymes y grandes compañías.
Por último, el subdirector de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales, Ezequiel García Collantes, urgió a «impulsar» el reglamento «lo antes posible para no llegar tarde» teniendo en cuenta que la inteligencia artificial «ha llegado para expandirse de forma masiva y no podemos frenarla», convencido de que España «debe seguir siendo ese faro normativo para que salga adelante».
CECU aseveró que, en la actualidad, «todo el foco está puesto en el Parlamento Europeo», que se espera que vote el reglamento «a finales de mayo o principios de junio» y defendió que España «va a tener un papel crucial en su negociación» durante su presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre del año.
